Respecto al delito de malversación, prima facie podría concurrir tanto en su vertiente de administración desleal como de apropiación indebida. Aun así, existe un elemento decisivo que podría llevar finalmente a descartarlo, y sobre el cual hemos llegado a opiniones discordantes. Partiremos de las nociones comunes: en nuestra opinión es evidente que las vacunas contra el covid-19 tienen la consideración de patrimonio público, pues son bienes muebles susceptibles de valoración económica, de titularidad pública, sufragadas con fondos públicos, y destinadas a la implementación de una política de interés general. Por lo que se refiere a los sujetos, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos contra la administración pública (donde se requiere que el autor encaje en el concepto de autoridad o funcionario público que define el art. 24 CP), en este caso puede llegar a ser autor un particular gracias a la extensión punitiva que despliega el art. 435.1 CP (malversación impropia). Entrando ya en las dos modalidades comisivas del delito, entendemos que en la administración desleal se darían todos los elementos del tipo cuando el autor vacuna, o da la orden de vacunar a personas a quienes aún no les correspondería, ya que se estaría aplicando a la actual remesa de inyecciones un destino distinto al que estaba previsto. Es importante destacar que en esta modalidad el Tribunal Supremo se conforma con que exista una mera disponibilidad de hecho (STS 615/2007 de 12 de julio) por parte del autor. Este criterio provoca que la frontera entre la malversación por administración desleal y el hurto sea extremadamente tenue, aunque no cabe duda de que la calificación correcta será la de hurto por parte de quien no tenga atribuida esa somera disponibilidad de hecho pero consiga apropiarse de la vacuna. A la misma conclusión se llega si el autor se vacuna o da la orden de vacunarse a sí mismo o a una persona de su elección, siendo incardinable entonces en la apropiación indebida. Ninguna de las dos modalidades exige el ánimo de lucro, bastando con que se cometa una infidelidad por parte del funcionario y un perjuicio para el patrimonio administrado. Y es en este último punto donde llegamos a conclusiones discordantes: Castellana Font sostiene que no hay perjuicio patrimonial porque la persona vacunada fraudulentamente iba a ser vacunada de todos modos en un futuro, con lo que no se produciría una pérdida sobre el stock de vacunas del Estado. A su entender, ni siquiera habría ese perjuicio patrimonial cuando, a consecuencia de la conducta insolidaria del infractor, la administración decidiese no imponerle la segunda dosis (incluso aunque ello supusiera malbaratarla), ya que esta decisión que conforma el elemento típico del perjuicio patrimonial no sería imputable al autor. Ballbé Sanféliz en cambio, sostiene que la pérdida de “tesorería” o disponibilidad temporal de las vacunas sí que es susceptible de ser considerada como un perjuicio patrimonial.