Las empresas en tanto que entes jurídicos complejos están sujetos a una serie de obligaciones: administrativas, laborales, fiscales y desde el año 2010 también penales. Dotarse de los mecanismos y estructuras previstas en la Ley garantiza una posición defensiva ventajosa ante escenarios adversos futuros e inciertos que pueden comprometer la reputación y/o la viabilidad económica de la empresa. En caso de cometerse un delito por parte de algún directivo o empleado, y que ese delito pueda generar responsabilidad penal en la empresa, la tenencia y funcionamiento adecuado de un plan de cumplimiento normativo puede llegar a atenuar una eventual pena o incluso eximirla. Al igual que en la salud, la mejor defensa es siempre la prevención.