Abogado delito contra la salud pública

Se considera delito contra la salud pública cualquier conducta que promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas, incluidos el cultivo, la elaboración, el transporte, la distribución, la venta y la posesión con fines de tráfico. La tenencia de drogas para consumo propio no constituye delito, sino una infracción administrativa. La frontera entre ambos supuestos depende fundamentalmente de la cantidad de sustancia intervenida, valorada conforme al cuadro de dosis mínimas psicoactivas del Instituto Nacional de Toxicología, y de otros indicios como la forma de distribución, el material de corte o los instrumentos de pesaje hallados. Determinar de qué lado de esa frontera se encuentra tu caso concreto es el primer paso de cualquier defensa seria.

Legalmente, todo investigado tiene derecho a ser asistido por el abogado que libremente designe o, en su defecto, por uno de oficio. Pero los delitos contra la salud pública presentan una complejidad técnica que los diferencia de la mayoría de procedimientos penales: cantidades reducidas a pureza, informes toxicológicos, cadenas de custodia, intervenciones telefónicas, cooperación internacional, cálculos de notoria importancia y un marco penológico con múltiples agravantes y atenuantes que interactúan entre sí.
Enfrentarse a un procedimiento de esta naturaleza sin un abogado que domine específicamente la materia es asumir un riesgo que puede traducirse en años adicionales de prisión.

Las penas varían drásticamente según la sustancia y las circunstancias. En el tipo básico, las sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína, heroína, anfetaminas, éxtasis) se castigan con prisión de tres a seis años; las que no causan grave daño, fundamentalmente derivados del cannabis, con prisión de uno a tres años.
Estas penas se elevan significativamente cuando concurren agravantes como la notoria importancia de la cantidad, la pertenencia a una organización criminal o la facilitación a menores, pudiendo alcanzar los doce años de prisión o más.
En el extremo opuesto, el subtipo atenuado del artículo 368.2 permite rebajar la pena un grado cuando el hecho reviste escasa entidad, lo que en determinados supuestos puede abrir la puerta a la suspensión de la pena y evitar el ingreso en prisión.

Depende del caso. Cuando la pena impuesta no supera los dos años de prisión y el condenado no tiene antecedentes penales, el tribunal puede acordar la suspensión de la ejecución, lo que implica que no se ingresa efectivamente en un centro penitenciario. Alcanzar ese rango penológico es realista en supuestos de tipo básico con sustancias que no causan grave daño a la salud, especialmente si se logra la aplicación del subtipo atenuado del artículo 368.2 o de alguna atenuante del artículo 376.
En los supuestos más graves, notoria importancia, organización criminal, extrema gravedad, las penas mínimas superan ampliamente ese umbral y la prisión efectiva es la regla. La diferencia entre un escenario y otro depende en gran medida de la calificación jurídica de los hechos y de la capacidad de la defensa para reconducirla.

Lo más importante es ejercer tu derecho a no declarar y solicitar inmediatamente la asistencia de un abogado penalista de tu confianza. No firmes ningún documento ni hagas declaraciones ante la policía sin haber hablado antes con tu abogado. Todo lo que digas durante la detención quedará reflejado en el atestado y podrá ser utilizado en tu contra. La fase de detención y las primeras diligencias policiales son decisivas porque es donde se generan las pruebas que sostendrán la acusación. Contar con asistencia letrada especializada desde ese primer momento no es un lujo: es la primera línea de defensa.

El artículo 376 del Código Penal permite a los tribunales imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el acusado, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite haber finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación. Esta atenuante puede suponer una reducción muy sustancial de la condena, pero su aplicación está sujeta a dos limitaciones importantes: no puede aplicarse cuando la cantidad de droga sea de notoria importancia o de extrema gravedad, y exige prueba suficiente tanto de la drogodependencia en el momento de los hechos como de la finalización exitosa del tratamiento. Acreditar correctamente estos extremos requiere una preparación probatoria específica que conviene iniciar cuanto antes.

El artículo 376 del Código Penal prevé una rebaja de la pena en uno o dos grados para quien haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades, ya sea para impedir la producción del delito, obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o impedir la actuación de las organizaciones a las que haya pertenecido. Se trata de una decisión con implicaciones muy serias que no debe tomarse sin asesoramiento previo. La colaboración con las autoridades puede ser extraordinariamente beneficiosa en términos de reducción de pena, pero también conlleva riesgos que es imprescindible valorar con un abogado especialista antes de dar cualquier paso.

Sí. Aunque mi sede está en Barcelona, defiendo casos por delitos contra la salud pública en todo el territorio nacional. Los delitos de tráfico de drogas se rigen por el mismo Código Penal y la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo en toda España, y la defensa técnica de calidad depende del conocimiento especializado de la materia, no de la proximidad geográfica.